La administración Trump está desafiando la autoridad de una jueza federal que ordenó la repatriación de Kilmar Abrego García, un hombre de origen salvadoreño deportado por error de Estados Unidos, a pesar de contar con una protección legal en el país. Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la jueza Paula Xinis carecía de facultades para ordenar que el gobierno de Estados Unidos interviniera para asegurar su regreso a casa desde El Salvador, donde Abrego García fue detenido en una prisión. El caso ha generado un gran debate sobre los límites de las decisiones judiciales y el poder del Ejecutivo en temas de inmigración.
La deportación errónea y su trasfondo
Kilmar Abrego García, un salvadoreño de 29 años, fue arrestado en Maryland y deportado en febrero de este año por error, a pesar de tener una orden judicial que le permitía permanecer en el país. En 2019, un juez de inmigración había dictado que Abrego García no podía ser deportado a El Salvador debido a las amenazas de pandillas a las que estaba expuesto en su país de origen. Sin embargo, a pesar de esta protección, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo deportó a El Salvador, donde fue recluido en el Centro Penal de Orden y Tratamiento (CEOT), conocido por sus malas condiciones y los abusos contra los derechos humanos.
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La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de la administración Trump han reconocido que la deportación fue un «error administrativo». A pesar de esto, el gobierno no ha hecho movimientos sustanciales para corregir la situación, lo que ha provocado indignación entre los defensores de los derechos humanos y los simpatizantes de Abrego García. Entre los manifestantes que se congregaron frente al tribunal de Greenbelt, Maryland, se encontraba la esposa de Abrego García, quien es ciudadana estadounidense.
Foto: Murray Osorio PLLC
La orden judicial y la respuesta del gobierno de Trump
El viernes pasado, la jueza Paula Xinis, nominada por el presidente Barack Obama, dictó una orden que obligaba al gobierno de Estados Unidos a facilitar el regreso de Abrego García antes de la medianoche del lunes. Sin embargo, el Departamento de Justicia solicitó al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito que suspendiera esta orden, argumentando que no tenían la autoridad para intervenir en un asunto de soberanía extranjera, como lo es el regreso de una persona deportada, y que la orden de la jueza era constitucionalmente inapropiada.
“Una orden judicial que obliga al Ejecutivo a interactuar con una potencia extranjera de cierta manera, y mucho menos a obligar a un soberano extranjero a tomar una determinada acción, es constitucionalmente intolerable”, dijeron los abogados del gobierno en su solicitud de apelación. El gobierno de Trump también comparó la orden judicial con situaciones hipotéticas, como una que obligara a Estados Unidos a gestionar la resolución de conflictos internacionales, lo que recalca la falta de control de los tribunales sobre asuntos de relaciones exteriores.
(Maryland court documents)
Los argumentos legales de la defensa
Los abogados de Abrego García han argumentado que la deportación fue ilegal y que la orden de la jueza Xinis era plenamente válida, pues Abrego García tenía derechos legales para permanecer en el país. Según su defensa, el salvadoreño fue deportado erróneamente a El Salvador, a pesar de que un juez de inmigración le había otorgado protección contra la deportación debido a la persecución que enfrentaría a manos de las pandillas en su país. Además, los abogados de Abrego García aseguran que no existen pruebas que demuestren que él perteneciera a la MS-13, como sostiene la administración Trump.
«El gobierno no ha tomado ninguna medida concreta para corregir el error», afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, quien enfatizó que, aunque el gobierno ha reconocido públicamente el fallo administrativo, no ha hecho esfuerzos visibles para traer a su cliente de vuelta a Estados Unidos. «Muchas conferencias de prensa, muchos tuits de la Casa Blanca, pero ninguna acción concreta con el gobierno de El Salvador para corregirlo», añadió el abogado.
