Un juez federal suspendió de forma temporal la polémica ley que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en escuelas y universidades públicas de Mississippi. La decisión judicial se da en respuesta a una demanda presentada por la Asociación de Educadores de Mississippi y otras organizaciones, quienes consideran que esta legislación vulnera derechos constitucionales básicos.
El fallo, emitido por el juez Henry Wingate, otorga una orden de restricción temporal que impide por ahora la implementación de la ley estatal. La medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva una posible orden judicial preliminar que podría extender la suspensión durante el litigio. El juez citó como argumento que la ley ya está afectando la libertad académica y el intercambio de ideas en instituciones educativas.
Ley contra programas DEI en Mississippi enfrenta rechazo judicial
La ley fue aprobada en abril y prohíbe la existencia de oficinas, cursos, capacitaciones y actividades relacionadas con programas DEI en instituciones públicas. También incluye una lista de “temas divisivos” que no deberían ser abordados en el aula, bajo amenaza de recortes presupuestarios.
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Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la ACLU de Mississippi, alegan que esta medida busca imponer una narrativa única desde el Estado y censurar contenidos esenciales para la comprensión de temas sociales como el racismo sistémico o la equidad de género. Según esta organización, los derechos de maestros, estudiantes y comunidades educativas están siendo vulnerados.
Un juez federal suspendió la ley que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión en escuelas y universidades públicas de Mississippi. Foto: X/@Its_Maky_Bitch
“El gobierno estatal no puede silenciar a las escuelas públicas con amenazas económicas ni controlar qué ideas pueden enseñarse”, se señaló en el comunicado de la ACLU. “La suspensión judicial es un paso vital para proteger la educación libre y plural”.
Programas DEI bajo ataque en otros estados de EE.UU.
Mississippi no es el único estado que ha legislado contra los programas DEI. En los últimos años, varias legislaturas lideradas por el Partido Republicano han promovido normativas similares. Estados como Texas, Florida y Tennessee han impulsado restricciones en universidades públicas que prohíben menciones a conceptos como privilegio blanco, teoría crítica de la raza o justicia social en los currículos.
En ese contexto, el caso de Mississippi cobra relevancia nacional, pues es uno de los primeros donde una corte federal detiene temporalmente la implementación de una ley anti-DEI. Activistas y organizaciones a favor de la diversidad consideran que este fallo puede sentar un precedente para futuros desafíos legales en otros estados.
“La educación no puede ser víctima de guerras culturales”, declaró un portavoz de la Asociación Nacional de Educación (NEA). “Los programas DEI existen para garantizar que todas las personas, sin importar su origen, tengan un entorno de aprendizaje inclusivo y seguro”.
Programas DEI bajo ataque en otros estados de EE.UU. Foto: X/@george_pral
Efectos inmediatos de la ley DEI en Mississippi
En su fallo, el juez Wingate citó incidentes que ya estaban ocurriendo tras la aprobación de la ley. En la Universidad Estatal de Jackson, por ejemplo, miembros de la facultad han sido instruidos para evitar la discusión de temas como teoría de género o racismo estructural. Estas instrucciones fueron utilizadas como evidencia del daño inmediato que provocaría la implementación de la ley.
“El discurso académico está siendo silenciado antes incluso de que se aplique la ley de forma completa”, escribió el juez. También advirtió que la vaguedad del texto legal y la amenaza de represalias presupuestarias podría llevar a la autocensura de profesores e investigadores.
Wingate concluyó que este tipo de restricciones no promueven el bienestar público, sino que lo debilitan. Por ello, decidió otorgar la orden de restricción temporal mientras el caso avanza en los tribunales.
La audiencia para evaluar una posible orden judicial preliminar, que podría extender la suspensión de la ley mientras dure el litigio, está programada para este miércoles. La Fiscalía General del estado no ha emitido comentarios sobre el caso.