¿Frenan deportaciones en Los Ángeles? Estos son los migrantes beneficiados
Un fallo reciente emitido por el juez federal John Holcomb ha detenido temporalmente las deportaciones de inmigrantes en el Distrito Central de California, que incluye a Los Ángeles, bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. La decisión representa un revés para la administración del presidente Donald Trump, que ha utilizado esta ley de 1798 para justificar la expulsión de migrantes, principalmente venezolanos, señalados como presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua.
Holcomb argumentó que el gobierno federal no ha garantizado el debido proceso a los detenidos, lo que vulnera derechos básicos protegidos por la Constitución. La orden se da en medio de un creciente escrutinio legal sobre el uso de leyes de tiempos de guerra para aplicar medidas migratorias en contextos civiles.
¿Qué implica el fallo en Los Ángeles?
El fallo beneficia a migrantes que se encuentran detenidos en centros bajo la jurisdicción del Distrito Central de California, lo cual abarca condados como Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y otros cercanos. Aunque no anula completamente la posibilidad de deportaciones, impide que se realicen sin antes ofrecer un proceso adecuado de notificación y defensa legal a los afectados.
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El caso que dio origen a esta decisión fue el de Darwin Antonio Arévalo Millán, un venezolano detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una revisión programada. A pesar de haber solicitado asilo y contar con permiso temporal de trabajo, Arévalo fue señalado como sospechoso en parte por sus tatuajes.
¿Quiénes son los migrantes beneficiados?
Principalmente venezolanos, muchos de los cuales han llegado a Estados Unidos huyendo de la crisis política y económica en su país, están siendo favorecidos por esta suspensión. Algunos enfrentan procesos acelerados de deportación por supuestos vínculos con pandillas, aunque no existen cargos criminales concretos en su contra.
La administración Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros desde marzo de este año para justificar la deportación de personas acusadas de estar relacionadas con el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que, según informes de inteligencia, ha extendido sus operaciones a América del Norte.
Sin embargo, jueces en otros estados —como Nueva York, Colorado y Texas— han determinado que el uso de esta ley carece de sustento, ya que no se ha comprobado que exista una “invasión” o “incursión depredadora” tal como establece la norma del siglo XVIII.
¿Qué argumenta la administración Trump?
El gobierno federal sostiene que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros es legal y necesaria para combatir amenazas como las que representa el Tren de Aragua. Según sus declaraciones, las deportaciones masivas buscan frenar el avance de pandillas extranjeras que podrían estar organizando actividades delictivas en territorio estadounidense.
Aunque la Casa Blanca aún no ha emitido comentarios oficiales sobre el fallo del juez Holcomb, la administración ha defendido previamente que las decisiones sobre amenazas extranjeras recaen exclusivamente en el presidente, y no en los tribunales.
Denuncias por falta de debido proceso
El juez Holcomb se sumó a otras voces judiciales que han expresado preocupación por el uso de mecanismos legales sin garantías mínimas de justicia. En la audiencia del caso Arévalo, el magistrado señaló que ICE no ofreció claridad sobre los tiempos de notificación ni sobre las posibilidades reales de defensa que tienen los migrantes antes de ser expulsados.
Según Holcomb, el gobierno violó el derecho del venezolano a impugnar su designación como “enemigo extranjero”. Aunque no dictaminó que el uso de la ley sea ilegal en sí, sí indicó que su aplicación sin procedimiento previo vulnera principios legales fundamentales.
El futuro legal de la Ley de Enemigos Extranjeros
El uso de esta norma por parte del gobierno de Trump ha generado divisiones en el sistema judicial. Mientras algunos jueces han detenido su aplicación por falta de sustento legal, otros han respaldado la autoridad presidencial para invocarla, especialmente en casos de seguridad nacional.
Actualmente, la Corte Suprema aún no ha emitido una decisión definitiva sobre el tema, aunque en fallos recientes ha insistido en que cualquier procedimiento de deportación debe permitir al afectado impugnar la decisión antes de su ejecución.
Por ahora, el fallo en California representa un respiro para cientos de migrantes en riesgo de deportación inmediata y un nuevo punto de tensión en el debate migratorio que marca el rumbo de la actual administración.