La tribu Miccosukee de Florida presentó el 15 de julio de 2025 una moción para unirse a una demanda federal contra el centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, generando 10.2 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, la acción legal, apoyada por ambientalistas, denuncia la construcción del centro en tierras ancestrales sin consulta previa. En consecuencia, la tribu y activistas señalan violaciones a derechos soberanos y daños ambientales en el Big Cypress National Preserve. Sin embargo, el gobierno de Florida defiende el proyecto como clave para la seguridad migratoria, según EFE.
Demanda de la tribu Miccosukee
La tribu Miccosukee, liderada por Talbert Cypress, busca intervenir en una demanda iniciada por Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, según AP News. Por su parte, el centro, construido en ocho días en el Dade-Collier Training Airport, viola tratados que exigen consulta tribal, según la Alianza de Organizadores Nativos. En consecuencia, la directora Judith LeBlanc calificó el proyecto como “ilegal e inmoral”, destacando su impacto en tierras sagradas. Además, 10 aldeas Miccosukee están a menos de tres millas del centro, una a solo 1,000 pies, según la moción tribal.
Impacto ambiental y cultural
El centro, ubicado en el Big Cypress National Preserve, amenaza la biodiversidad, incluyendo especies como la pantera de Florida, según el Sierra Club. Por lo tanto, la falta de estudios de impacto ambiental, requeridos por la Ley Nacional de Política Ambiental, ha sido criticada, según el Miami Herald. En consecuencia, la construcción podría contaminar el acuífero que abastece a 8 millones de floridanos, según Betty Osceola, activista Miccosukee. Además, el aumento de tráfico en la Tamiami Trail pone en riesgo la seguridad de las aldeas y ceremonias tribales, según la demanda.
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Condiciones del centro de detención
“Alligator Alcatraz”, que alberga hasta 3,000 migrantes, ha sido denunciado por condiciones inhumanas, con 750 detenidos en jaulas, según la representante Anna Eskamani. Por su parte, el centro, operativo desde el 2 de julio, carece de infraestructura adecuada para huracanes, según Telemundo, tras lluvias que inundaron el sitio el 1 de julio. En consecuencia, Amnistía Internacional reportó hacinamiento y falta de agua potable, afectando al 70% de los detenidos sin antecedentes penales, según el Herald/Times. Además, el costo operativo de 450 millones de dólares anuales es criticado como excesivo, según Time.
Respaldo estatal y federal
El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier defienden el centro como un “modelo de disuasión”, destacando su entorno de caimanes y pitones, según CNN. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo Kristi Noem, aprobó el proyecto, aunque niega financiamiento federal, según PBS. En consecuencia, la División de Emergencia de Florida opera el centro con un contrato de 78.5 millones de dólares con Critical Response Strategies, según Eskamani. Sin embargo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cuestionó la valuación de 20 millones de dólares del terreno, frente a una tasación de 190 millones, según WLRN.
Protestas y oposición
Cientos de manifestantes, liderados por Osceola, protestaron el 22 de junio en la Tamiami Trail, portando letreros como “No ICE en tierras nativas”, según The Guardian. Por su parte, la tribu Seminole de Florida y Oklahoma también condenó el proyecto, según Tallahassee Democrat. En consecuencia, la oposición incluye a legisladores demócratas y la Florida Immigrant Coalition, que denuncian un “campo de internamiento” inhumano, según Tampa Bay Times. Además, el 65% de los floridanos rechaza el centro por su impacto ambiental, según una encuesta de la Universidad de Miami.