El presidente vuelve a arremeter contra políticas locales de inclusión y desafía a la ciudad californiana en plena ola de redadas.
La administración del presidente Donald Trump ha presentado una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por su política de “ciudad santuario”, una postura que ha mantenido durante años a favor de las comunidades inmigrantes. Según el gobierno federal, estas disposiciones interfieren directamente con la aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos y socavan el trabajo de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
La demanda fue registrada este lunes en el Distrito Central de California y nombra como acusados a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson. De acuerdo con los fiscales federales, la ciudad estaría protegiendo a migrantes en situación irregular, dificultando su detención y deportación por parte de las autoridades migratorias.
Te Recomendamos
Trump demanda a Los Ángeles por obstrucción a la ley federal
El documento legal hace referencia a la ordenanza aprobada en diciembre de 2024 conocida como “Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement”, firmada por la propia alcaldesa Bass. Esta medida impide que los recursos municipales, como la policía local o instalaciones públicas, sean utilizados para colaborar con agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Fotografía del 12 de junio de 2025 que muestra a personas durante una protesta contra las políticas migratorias de Donald Trump en Los Ángeles. EFE/Caroline Brehman
En la demanda, el gobierno de Trump argumenta que esta política no solo interfiere con el cumplimiento de las leyes federales, sino que también pone en riesgo la seguridad pública. “Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la aplicación de la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la ciudad ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”, declaró el fiscal Bill Essayli, representante del Distrito Central de California, en un comunicado oficial.
Además, el gobierno acusa a Los Ángeles de fomentar un ambiente hostil hacia los agentes federales y de obstaculizar operativos migratorios a través de campañas de resistencia, protestas masivas e incluso episodios de violencia.
Trump demanda a Los Ángeles en plena ola de redadas
La ofensiva legal ocurre durante la cuarta semana consecutiva de redadas migratorias en California, una operación masiva desplegada por el gobierno de Trump para localizar y deportar a inmigrantes indocumentados. En este contexto, la ciudad de Los Ángeles ha sido una de las más activas en rechazar la presencia de ICE en sus barrios, lo que ha derivado en numerosas manifestaciones y enfrentamientos con las autoridades.
Fotografía del 11 de junio de 2025 que muestra a autoridades que detienen a un hombre durante una protesta contra las políticas migratorias de Donald Trump en Los Ángeles. EFE/Allison Dinner
A raíz de estas tensiones, el presidente Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en California, incluyendo tropas en Los Ángeles. Esta acción se llevó a cabo sin la autorización del gobernador del estado, Gavin Newsom, lo que generó una fuerte controversia política y constitucional.
La medida, considerada extrema, no se había visto en más de seis décadas y refleja el nivel de confrontación entre el gobierno federal y las autoridades locales que se niegan a cooperar con las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración republicana.
La tradición santuario de Los Ángeles frente a la demanda de Trump
La política de ciudad santuario en Los Ángeles no es reciente. Desde hace casi cinco décadas, el Departamento de Policía local mantiene una “Orden Especial” que prohíbe a los oficiales detener a personas solo para verificar su estatus migratorio. Esta política fue diseñada para fomentar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, permitiendo que los residentes reporten delitos sin temor a ser deportados.
En 2025, la ciudad dio un paso más al convertir oficialmente en ley sus políticas de protección a los migrantes. La administración Trump, sin embargo, considera que estas acciones representan un desafío directo a la soberanía federal sobre asuntos migratorios.
La alcaldesa Karen Bass, una reconocida defensora de los derechos de los inmigrantes, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la demanda. Sin embargo, ha reiterado en múltiples ocasiones que su gobierno continuará protegiendo a las comunidades vulnerables, independientemente de la presión federal.
Varios defensores de los derechos civiles y grupos comunitarios han salido en defensa de la ciudad, argumentando que las ciudades santuario cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos y la cohesión social, especialmente en un país donde millones de inmigrantes contribuyen al desarrollo económico y cultural.
La demanda contra Los Ángeles podría sentar un precedente para otras ciudades con políticas similares, como San Francisco, Nueva York y Chicago, que ya han sido objeto de amenazas por parte del gobierno federal. El caso será seguido de cerca, pues podría definir el alcance de la autoridad federal frente a la autonomía local en materia migratoria.