Una coalición de más de 20 fiscales generales estatales presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por exigir que los estados entreguen información personal de millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cupones para alimentos.
La acción legal, presentada este lunes en una corte federal de California, busca frenar lo que los demandantes consideran un uso político de los datos de quienes reciben ayuda alimentaria. Los fiscales alegan que esta medida no solo vulnera leyes federales y estatales de privacidad, sino que representa un ataque directo contra comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes.
La solicitud de datos de cupones para alimentos genera rechazo
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que administra el programa SNAP, solicitó a los estados entregar, antes del 30 de julio, información de los beneficiarios de los últimos cinco años. Entre los datos requeridos están nombres completos, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, direcciones de domicilio y códigos postales.
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Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito de dinero en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios. Foto: EFE
Según Rob Bonta, fiscal general de California, la solicitud es “una acción sin precedentes” que amenaza la confianza entre los ciudadanos y el Gobierno federal. Durante una conferencia virtual, Bonta afirmó que el propósito de esta medida es perseguir políticamente a inmigrantes, bajo el pretexto de combatir el fraude en el programa SNAP, que actualmente asiste a más de 42 millones de personas en Estados Unidos.
La agencia federal advirtió a los estados que, de no cumplir con el requerimiento, podrían enfrentar consecuencias como la suspensión de fondos, en lo que muchos ven como una presión inaceptable para obligarlos a compartir información confidencial.
Cupones para alimentos: uso humanitario vs. vigilancia migratoria
Los fiscales estatales argumentan que los datos proporcionados por los solicitantes de cupones para alimentos fueron entregados con la finalidad de recibir apoyo alimentario, no para ser integrados en bases de datos de vigilancia del Gobierno ni para alimentar campañas migratorias.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, subrayó que en su estado más de 2,9 millones de personas dependen de este beneficio, muchas de ellas familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad. “El SNAP ha evitado que millones pasen hambre. Utilizar este programa como herramienta para una agenda migratoria cruel es indignante e inaceptable”, manifestó James.
Fotografía de archivo de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. EFE/EPA/ Sarah Yenesel
Los fiscales aseguran que no hay justificación para esta exigencia, ya que el programa SNAP posee uno de los sistemas de control de calidad más estrictos del Gobierno federal. Además, sostienen que la tasa de fraude en el sistema es muy baja y que ya existen mecanismos eficaces para detectar irregularidades sin necesidad de violar la privacidad de los beneficiarios.
Demandan a Trump por intento de disuadir a beneficiarios de SNAP
Dana Nessel, fiscal general de Michigan, advirtió que esta medida tiene un efecto disuasorio: muchas personas elegibles podrían dejar de solicitar los cupones para alimentos por miedo a ser blanco de medidas de inmigración, lo que agravaría la inseguridad alimentaria entre comunidades ya afectadas por la pobreza.
“Esto es histórico. Nunca antes se había exigido a los estados compartir datos personales a esta escala. Y hacerlo bajo amenaza de perder fondos federales, es una forma de coerción inaceptable”, señaló Nessel.
Entre los estados que se han sumado a la demanda figuran Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
Fotografía de archivo de una persona haciendo compras en un supermercado, en Austin, Texas (EE.UU.). EFE/EPA/ Adam Davis
Además de los argumentos legales, los demandantes aseguran que esta acción se alinea con un patrón de políticas que criminalizan la pobreza y castigan a comunidades inmigrantes bajo una retórica de “orden” y “seguridad”.
Cuestionamientos políticos por los datos de cupones para alimentos
El caso ha encendido un debate político nacional. Para los críticos, la exigencia de datos de los beneficiarios del SNAP es una estrategia del presidente Trump para reforzar su narrativa sobre el supuesto abuso de los programas sociales por parte de inmigrantes. Organizaciones defensoras de derechos civiles y migrantes también han levantado la voz, calificando la medida como un intento de vigilancia masiva encubierta.
Por su parte, la Casa Blanca no ha emitido comentarios públicos sobre la demanda, pero funcionarios del Departamento de Agricultura han reiterado que el objetivo es mejorar la eficiencia del programa y reducir el fraude, pese a que las propias auditorías federales indican que las tasas de irregularidades son mínimas.
En paralelo, legisladores demócratas han empezado a presionar en el Congreso para que se impongan restricciones al uso de datos recolectados a través de programas sociales y que se refuerce la protección legal para los beneficiarios.
Mientras tanto, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Feeding America han advertido que esta demanda es clave no solo para proteger el derecho a la privacidad, sino también para garantizar que el acceso a la ayuda alimentaria no se convierta en una causa de persecución.