Una nueva controversia legal ha surgido en Estados Unidos con respecto a la política de salud pública del gobierno del presidente Trump. Fiscales generales de 23 estados y de la ciudad de Washington han presentado una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) y su secretario, Robert F. Kennedy Jr., acusando al gobierno de realizar un recorte abrupto e ilegal de US$ 12,000 millones en fondos destinados a la salud pública. Esta medida, según los fiscales, pone en riesgo la continuidad de importantes servicios de salud y amenaza con perder miles de empleos en el sector sanitario.
El impacto de los recortes en la salud pública
Los recortes, que fueron anunciados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se hicieron efectivos a partir de la semana pasada. Aproximadamente US$ 11,400 millones, que anteriormente habían sido asignados a los departamentos de salud estatales y comunitarios para la respuesta a la pandemia de COVID-19, fueron eliminados. Además, se sumaron a este recorte US$ 1,000 millones más provenientes de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.
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En la demanda presentada, los fiscales generales exigen que se detengan inmediatamente los recortes y piden una orden de restricción temporal para que se restablezca el financiamiento. Argumentan que esta decisión pone en riesgo la infraestructura de salud pública de los estados, especialmente en un momento crítico en que la pandemia de COVID-19 aún está dejando secuelas en las comunidades. Además, señalan que muchos de estos fondos no solo fueron destinados para la respuesta a la pandemia, sino que se usaban para proyectos más amplios de salud pública, como la preparación ante futuras pandemias, el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio.
Vista de la sede del Departamento de Salud de EE.UU., el 28 de marzo de 2025, en Washington. EFE/Will Oliver
El gobierno defiende su postura
Por su parte, el HHS defendió la reducción de los fondos, argumentando que la pandemia de COVID-19 ya había concluido y que el dinero destinado a la respuesta pandémica ya no debía seguir siendo una prioridad. Según una declaración de la agencia, los recursos se redirigirían hacia proyectos más alineados con el mandato de la administración Trump, como abordar las enfermedades crónicas y mejorar la salud general del país.
“El HHS priorizará el financiamiento de proyectos que respondan a los desafíos de salud actuales y futuros, tales como la prevención de enfermedades crónicas y el fortalecimiento del sistema de salud público en general”, declaró la agencia en un comunicado la semana pasada.
Sin embargo, los fiscales generales argumentan que este razonamiento ignora el hecho de que muchos de los fondos recortados fueron asignados para fines mucho más allá de la respuesta a la pandemia. De hecho, según la demanda, esos fondos estaban destinados a la modernización de sistemas de datos de salud, la mejora de la infraestructura de laboratorios y el refuerzo de la capacidad para enfrentar brotes de enfermedades infecciosas urgentes, entre otras iniciativas cruciales para el bienestar del país a largo plazo.
El argumento legal detrás de la demanda
Los fiscales generales de los estados demandantes también argumentan que el gobierno federal está actuando fuera de su autoridad legal al rescindir los fondos que fueron asignados por el Congreso. Según la demanda, estos fondos no pueden ser retirados sin una autorización legislativa expresa, ya que fueron aprobados para cumplir con fines específicos, como la preparación para futuras crisis de salud pública y el tratamiento de enfermedades crónicas.
“Recortar estos fondos ahora revertirá el progreso alcanzado en la crisis de opioides, desorganizará los sistemas de salud mental y dejará a los hospitales con serias dificultades para atender a los pacientes”, afirmó Letitia James, fiscal general de Nueva York, cuyo estado podría perder más de US$ 400 millones en financiamiento para salud pública. La fiscal también destacó que estos recortes perjudicarían gravemente los esfuerzos para luchar contra enfermedades como el sarampión y la gripe aviar H5N1, que en este momento están afectando a varias regiones del país.
La crisis laboral en el Departamento de Salud
Además de los recortes en fondos, la administración Trump ha comenzado a realizar recortes de personal en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Según reportes recientes, el gobierno ha anunciado el despido de 10,000 empleados del departamento, lo que se suma a los 10,000 que ya dejaron sus puestos de forma voluntaria desde que Trump asumió su segundo mandato en enero. Con estos despidos, el número total de empleados del HHS se reduciría a 62,000, lo que representa una disminución significativa en la capacidad de la agencia para gestionar su amplia gama de responsabilidades de salud pública.
Esta reducción de personal ha generado gran preocupación entre los profesionales de la salud y los defensores del sistema sanitario, quienes temen que la pérdida de personal clave pueda obstaculizar aún más la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y desmantelar los servicios de salud esenciales en muchas comunidades.
Vista de la sede del Departamento de Salud de EE.UU., el 28 de marzo de 2025, en Washington. EFE/Will Oliver
¿Qué significa para los ciudadanos y la salud pública?
La coalición de fiscales generales sostiene que los recortes tendrán efectos devastadores en los servicios de salud pública a nivel estatal y local, y temen que miles de trabajadores de la salud pierdan sus empleos, lo que podría empeorar aún más el acceso a la atención médica en comunidades ya vulnerables. Los estados más afectados, como Nueva York, han calculado que perderán más de US$ 400 millones, lo que afectaría de manera directa a programas clave de salud mental y tratamiento de adicciones, servicios que han sido vitales durante y después de la pandemia.
El Dr. Joseph Kanter, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, también ha advertido sobre las graves implicaciones que estos recortes tendrían en la capacidad de los estados para enfrentarse a futuras amenazas sanitarias. “Nos preocupa que la abrupta interrupción de estas actividades perjudique la capacidad de los estados y territorios para responder a las amenazas actuales y futuras”, señaló Kanter.
