El Ejército de Estados Unidos ha solicitado el retiro parcial de sus fuerzas desplegadas en Los Ángeles tras semanas de protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. La petición, elevada al secretario de Defensa, Pete Hegseth, contempla la salida de 200 elementos de la Guardia Nacional que serían redirigidos a combatir incendios forestales activos en California.
Según informaron dos funcionarios federales a la agencia AP bajo condición de anonimato, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, presentó la solicitud para permitir que estos soldados regresen a sus funciones dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta Rattlesnake, una unidad especializada en incendios de la Guardia Nacional de California.
Ejército en Los Ángeles: despliegue polémico por protestas migratorias
La decisión de desplegar tropas del Ejército en Los Ángeles a inicios de junio generó polémica inmediata. El presidente Trump ordenó la movilización de aproximadamente 4.000 elementos de la Guardia Nacional de California y 800 marines en servicio activo, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom.
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Fotografía de archivo del gobernador de California, Gavin Newsom. EFE/Caroline Brehman
La presencia de militares se justificó como respuesta a las intensas protestas que estallaron tras una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra comunidades migrantes en barrios como Boyle Heights y Pacoima.
Durante las primeras semanas del despliegue, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como detenciones de civiles por parte de marines, a pesar de que la Ley de Insurrección no había sido invocada formalmente.
Aunque el gobierno aseguró que los marines solo estarían encargados de proteger edificios federales, organizaciones de derechos civiles denunciaron que, en al menos un caso, se produjo la detención de manifestantes por parte del Ejército en las inmediaciones del ayuntamiento de Los Ángeles, una acción que podría considerarse inconstitucional.
Ejército en Los Ángeles complica respuesta a incendios forestales
California enfrenta en este momento el pico de su temporada de incendios forestales. La simultaneidad de la crisis migratoria con la emergencia ambiental ha puesto en jaque la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional.
Agentes federales enfrentan a personas que causan disturbios durante una protesta contra las redadas migratorias en Los Ángeles, California (EE.UU.), el 7 de junio de 2025. EFE/Allison Dinner
El gobernador Newsom expresó que el despliegue del Ejército en Los Ángeles ha reducido significativamente la disponibilidad de efectivos para combatir los incendios. La Fuerza de Tarea Conjunta Rattlesnake, encargada del apoyo aéreo y terrestre en incendios críticos, se ha visto disminuida.
Por ello, el general Guillot presentó la solicitud de retorno parcial de tropas con el fin de restaurar la capacidad operativa contra el fuego, especialmente en áreas vulnerables como el norte de Sacramento, Redding y zonas del bosque nacional de Sierra Nevada.
Aunque la solicitud aún no ha sido aprobada públicamente por el Departamento de Defensa, fuentes del Pentágono indicaron que existe presión creciente para replantear el uso prolongado del Ejército en operaciones de control civil.
Ejército en Los Ángeles: debate legal y presión política
La legalidad del uso del Ejército en Los Ángeles ha sido cuestionada en el Congreso. Legisladores demócratas han solicitado explicaciones al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección, lo cual permitiría a las fuerzas armadas realizar labores policiales en suelo estadounidense, una práctica inusual y altamente regulada.
Hegseth evitó confirmar si la administración Trump consideraba esa opción. Sin embargo, el presidente ha insistido en que la situación migratoria justifica medidas excepcionales. “Esto es una invasión”, expresó Trump en declaraciones a medios. La afirmación ha sido duramente criticada por líderes locales y expertos en derecho constitucional.
Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró ante el Congreso: “No veo a ninguna persona patrocinada por un Estado extranjero que esté invadiendo, pero reconozco que hay desafíos fronterizos”. Sus palabras reflejan el escepticismo dentro del propio alto mando militar sobre el uso del Ejército en asuntos de inmigración interna.
Mientras tanto, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han interpuesto recursos legales para frenar el accionar militar en las calles de Los Ángeles, argumentando que vulnera derechos constitucionales como la libertad de reunión y el debido proceso.
El futuro inmediato del despliegue del Ejército en Los Ángeles dependerá de si el Departamento de Defensa aprueba la solicitud de repliegue parcial. Por ahora, la tensión continúa en las calles y en los pasillos del poder, donde se debate hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial en tiempos de crisis interna.