Corte Suprema revisará pago de $1 diario a migrantes detenidos
La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido revisar una demanda que podría tener implicaciones significativas para miles de migrantes detenidos en instalaciones privadas. El caso, presentado inicialmente en 2014, alega que inmigrantes recluidos en un centro administrado por GEO Group en Aurora, Colorado, fueron obligados a trabajar en tareas de limpieza y mantenimiento por un salario de apenas un dólar al día.
La decisión del alto tribunal llega en un momento de creciente escrutinio sobre el papel de las compañías privadas en el sistema de detención migratoria y sobre la legalidad del uso de mano de obra barata entre personas detenidas por motivos civiles.
GEO Group defiende su política de pagos y busca inmunidad
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La empresa GEO Group, con sede en Florida, es uno de los mayores operadores privados de centros de detención en Estados Unidos. Argumenta que los pagos realizados a los migrantes cumplen con los lineamientos establecidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y asegura que las demandas son parte de una estrategia más amplia para desacreditar la política federal de inmigración.
En su apelación, GEO Group afirma que debería gozar de inmunidad legal por actuar en nombre del gobierno federal, y sostiene que las cortes inferiores se equivocaron al permitir que el caso avanzara sin considerar plenamente esa defensa. La compañía administra o posee más de 77,000 camas en 98 centros de detención a lo largo del país.
Trabajos forzados por un dólar: la acusación de los demandantes
La demanda fue presentada en nombre de varios migrantes detenidos que participaron en lo que se conoce como el “Programa Voluntario de Trabajo” dentro del centro de Aurora. Según los abogados de los demandantes, sus representados fueron obligados a realizar tareas esenciales para el funcionamiento del centro, como limpieza de baños, lavandería y distribución de alimentos, bajo la amenaza de sanciones disciplinarias o confinamiento si se negaban.
Los abogados argumentan que este tipo de prácticas representan una forma moderna de trabajo forzado y que el pago simbólico de un dólar al día es inconstitucional e inhumano, especialmente considerando que los centros son operados por empresas con fines de lucro.
Corte de Apelaciones rechazó bloquear el proceso legal
Un juez de distrito rechazó inicialmente el intento de GEO Group de desestimar el caso, y la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito determinó que no podía intervenir hasta que se realizara el juicio. La empresa, sin embargo, insiste en que debería poder apelar de inmediato el derecho de los migrantes a demandar, alegando que se trata de una cuestión de inmunidad gubernamental aplicable a contratistas federales.
Ahora, la Corte Suprema evaluará si las compañías privadas que operan en nombre del gobierno pueden acogerse a esa inmunidad antes del juicio, una decisión que podría sentar un precedente en otros casos similares en curso.
Otras demandas y protestas a nivel nacional contra GEO Group
El caso en Colorado no es aislado. GEO Group ha enfrentado múltiples demandas en otras jurisdicciones por prácticas similares. En el estado de Washington, por ejemplo, un jurado ordenó a la empresa pagar más de 23 millones de dólares a inmigrantes detenidos por violaciones similares. Ese fallo marcó un hito en la lucha legal por mejorar las condiciones laborales y de detención en estos centros.
Además de las acciones judiciales, ha habido protestas en varias ciudades contra la participación de empresas privadas en el sistema migratorio. En mayo de 2025, el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado durante una manifestación frente a un nuevo centro federal de detención en Nueva Jersey, también administrado por GEO Group.
Impacto potencial de la decisión de la Corte Suprema
Si la Corte Suprema falla a favor de GEO Group, podría dificultar que inmigrantes detenidos en centros privados presenten demandas por condiciones de trabajo abusivas. Por el contrario, si la Corte permite que la demanda avance, el fallo podría abrir la puerta a cientos de casos similares, exponiendo a las compañías contratistas a grandes sanciones económicas y cambios estructurales en su modelo de operación.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y grupos pro inmigrantes continúan presionando para que se prohíba el uso de instalaciones privadas en la detención migratoria, argumentando que la obtención de ganancias a costa del sufrimiento humano no debe formar parte del sistema de justicia estadounidense.