Una jueza federal en Illinois desestimó una demanda impulsada por la Administración Trump contra el estado y el condado de Cook, que intentaba frenar la implementación de políticas de ciudad santuario. Estas leyes limitan la colaboración de las autoridades locales con agentes federales de inmigración. La decisión judicial representa una victoria legal para Illinois y una derrota simbólica para los esfuerzos de Trump por castigar a las llamadas “jurisdicciones santuario”.
Políticas de santuario están protegidas por la Constitución
La jueza federal Lindsay C. Jenkins, designada por el presidente Joe Biden, resolvió que Estados Unidos no tenía legitimidad para demandar al estado por sus políticas de santuario. En un documento de 64 páginas, Jenkins explicó que las leyes de Illinois están protegidas por la Décima Enmienda de la Constitución, que garantiza a los estados autonomía sobre los poderes no asignados al Gobierno federal.
“El fallo respeta el derecho de los estados a decidir no participar en la aplicación de la ley de inmigración civil”, escribió Jenkins. Añadió que acceder a la solicitud del Departamento de Justicia de Trump habría sido equivalente a “eludir la Décima Enmienda” y permitir al Gobierno federal ejercer un control directo sobre los estados, algo expresamente prohibido por la Constitución.
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El gobernador de Illinois respalda el fallo
El gobernador JB Pritzker celebró públicamente la decisión judicial, señalando que garantiza que las autoridades estatales no participarán en prácticas ilegales ni en abusos de poder impulsados por la Administración Trump.
La jueza federal Lindsay C. Jenkins desestimó la demanda impulsada por la Administración Trump. Foto: X/@Rightanglenews
“Illinois cooperará con el Gobierno federal cuando actúe dentro de la ley y con órdenes judiciales claras. Pero no seremos cómplices de violaciones a los derechos ni de tácticas inconstitucionales”, expresó en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios tras conocerse el fallo.
Demanda federal contra Chicago e Illinois por políticas santuario
La demanda federal fue presentada por el Departamento de Justicia en febrero, bajo el liderazgo de la recién confirmada fiscal general Pam Bondi. Acusaba a Illinois, al condado de Cook y a Chicago de impedir la colaboración con agentes federales al prohibir que los oficiales locales cooperaran con operaciones migratorias si no existía una orden judicial penal.
Según el documento legal, estas políticas dificultaban la comunicación entre fuerzas del orden locales y federales, y “obstaculizaban la aplicación efectiva de las leyes migratorias”. Era la primera vez que el Gobierno de Trump dirigía una acción judicial específicamente contra una jurisdicción santuario.
La demanda argumentaba que Chicago y otras jurisdicciones creaban “barreras deliberadas” a la ejecución de leyes migratorias federales y atentaban contra la seguridad pública. El Gobierno buscaba frenar legislaciones estatales y locales que impedían a la policía entregar información sobre inmigrantes a las autoridades federales, salvo que existiera una orden judicial.
Fotografía de archivo de una protesta a favor de las leyes y ciudades santuario en Estados Unidos. EPA/ John G. Mabanglo
Acciones similares de Trump contra otras jurisdicciones santuario
La ofensiva legal de la Administración Trump no se limitó a Illinois. En ese mismo periodo, el Departamento de Justicia también presentó demandas contra otras ciudades y estados con políticas similares. Nueva York fue otro blanco importante: el Gobierno calificó a la ciudad como “la vanguardia de la interferencia en la aplicación de las leyes de inmigración del país”.
Trump también ordenó medidas ejecutivas para castigar a las jurisdicciones santuario, como negarles acceso a fondos federales. En enero, firmó una orden que instruía a la fiscal Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a imponer sanciones civiles o penales a los gobiernos locales que bloquearan o dificultaran las operaciones migratorias.
No obstante, en abril, un juez federal bloqueó esta iniciativa, señalando que violaba los principios constitucionales de separación de poderes. Ese mismo magistrado ya había emitido una decisión similar en 2017, en respuesta a un intento previo de Trump de condicionar fondos federales a la cooperación migratoria.
En California, otra demanda fue presentada contra Los Ángeles por presuntamente discriminar a los agentes federales de inmigración. En paralelo, las protestas ciudadanas contra los operativos migratorios crecieron en todo el estado, generando tensiones entre funcionarios locales y el Gobierno federal.
Estas acciones legales formaban parte de una estrategia más amplia de la Administración para presionar a las jurisdicciones santuario a colaborar activamente con ICE y otras agencias federales, aún sin órdenes judiciales. Sin embargo, los tribunales federales han limitado en reiteradas ocasiones el alcance de estas medidas por razones constitucionales.