Caso Robert Brooks: qué revelan los videos y por qué un oficial se declaró culpable
El caso de Robert L. Brooks, un recluso que murió bajo custodia en el Centro Correccional Marcy en Nueva York, ha dado un giro impactante tras la confesión de uno de los oficiales penitenciarios implicados. Christopher Walrath, de 36 años, admitió este lunes su culpabilidad por homicidio involuntario en una audiencia realizada en el Tribunal del Condado de Oneida.
Confesión clave en tribunal: admite agresión y estrangulamiento
Durante la audiencia, Walrath respondió afirmativamente a las preguntas del juez Robert L. Bauer y del fiscal del caso, reconociendo que él y otros cinco oficiales golpearon y patearon a Brooks en una sala médica dentro del centro penitenciario. También admitió haber aplicado una llave de estrangulamiento, violando los protocolos establecidos del Departamento de Correcciones. Según informes judiciales citados por NBC News, el oficial no reportó el uso de la fuerza y fue plenamente consciente de que sus acciones contribuían al deterioro físico del recluso.
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Videos revelan violencia mientras estaba esposado
Las imágenes del incidente, grabadas por las cámaras corporales de los oficiales, fueron publicadas por la Oficina del Fiscal General de Nueva York y muestran a Brooks esposado, colgado boca abajo y siendo inmovilizado por varios agentes. A pesar de que los videos no tienen audio y los ángulos son discontinuos, se observa claramente que el recluso no opone resistencia activa en el momento del ataque. Posteriormente, se le ve desnudo, salvo por su ropa interior, recibiendo atención médica. En otra toma, uno de los oficiales lo levanta bruscamente del suelo por el cuello de su camisa, mientras su rostro está cubierto de sangre.
Autopsia: asfixia por compresión del cuello fue la causa de muerte
Brooks fue trasladado a un hospital horas después del ataque y murió al día siguiente. De acuerdo con un reporte de WKTV, una autopsia preliminar determinó que la causa probable del fallecimiento fue asfixia por compresión del cuello. El traslado de Brooks al Centro Correccional Marcy se había realizado el mismo día del incidente; previamente, se encontraba recluido en el Centro Correccional Mohawk.
Reacción política: gobernadora Hochul despide a 14 implicados
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el caso como un «ataque brutal» que exige justicia inmediata. En febrero, Hochul anunció cargos contra seis oficiales penitenciarios vinculados a la muerte de Brooks y ordenó el despido de 14 personas involucradas, incluidos sargentos y una enfermera. “Robert Brooks debería estar vivo hoy”, declaró la mandataria al confirmar las acciones disciplinarias y penales.
Cinco oficiales más enfrentan cargos, pero niegan culpabilidad
Los cinco oficiales restantes han sido acusados de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, aunque todos se han declarado inocentes hasta ahora. Entre ellos figuran Anthony Farina, Mathew Galliher, David Kinglsey y Michael Mashaw. Un sexto implicado no ha sido identificado públicamente. La declaración de culpabilidad de Walrath podría influir en los próximos procesos judiciales.
Libertad bajo fianza y sentencia pendiente
Walrath permanece en libertad bajo fianza, bajo la condición de no incurrir en nuevos delitos y presentarse en cada citación judicial. Su sentencia está programada para el 4 de agosto. Hasta el momento, su abogado no ha emitido comentarios públicos sobre la confesión.
Un caso que reabre el debate sobre abuso en cárceles
Robert Brooks estaba cumpliendo una condena de 12 años desde 2017 por agresión en primer grado contra su expareja. Sin embargo, su historial criminal no justifica, según autoridades y organizaciones civiles, la violencia letal sufrida mientras se encontraba esposado y bajo custodia estatal. El caso ha renovado los llamados a revisar los procedimientos de uso de fuerza en centros penitenciarios y la transparencia en los procesos de rendición de cuentas de los oficiales.
Violencia institucional bajo la lupa
Este caso ha conmocionado al estado de Nueva York y ha generado presión sobre el sistema penitenciario estatal, cuestionado por denuncias previas de abusos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una reforma integral, mientras la opinión pública exige justicia para Brooks y garantías de que estos hechos no se repitan en las cárceles del país.
