El gobierno de California presentó este martes 10 de junio una moción de emergencia para bloquear el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles. Esta medida, promovida por la administración de Donald Trump, fue calificada por el gobernador Gavin Newsom como una amenaza directa a la soberanía estatal y un uso excesivo del poder federal.
La acción legal se da en medio de una ola de protestas contra redadas migratorias del ICE y una creciente preocupación sobre la militarización de la seguridad pública en barrios predominantemente latinos.
¿Por qué California pide a la Corte frenar el despliegue de la Guardia Nacional?
El gobernador Gavin Newsom solicitó a un tribunal federal una orden para impedir que las tropas desplegadas por la Casa Blanca operen en funciones de seguridad pública. En el documento, el estado argumenta que la decisión federal infringe la Décima Enmienda de la Constitución y la Ley de Insurrección, la cual solo permite este tipo de intervención militar en casos extremos como rebelión o invasión.
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Gavin Newsom, gobernador de California, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/John G. Mabanglo
De esta manera se resume la tensión entre el gobierno estatal y federal. Newsom considera que el envío de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, sin consentimiento estatal, representa un precedente peligroso para la democracia estadounidense.
El contexto: protestas, redadas y tensiones políticas
Las movilizaciones comenzaron luego de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que resultaron en decenas de arrestos en vecindarios latinos de Los Ángeles. Estas acciones provocaron protestas masivas en el centro de la ciudad, frente al Edificio Federal Roybal, donde se reportaron enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias.
La administración Trump respondió enviando tropas bajo el Título 10 del Código Federal, que permite el uso del ejército para funciones nacionales en circunstancias específicas. Sin embargo, para muchos funcionarios estatales y expertos legales, esta justificación es insuficiente.
Un activista sostiene carteles mientras un coche arde durante las protestas desatadas por las redadas de inmigración en Los Ángeles, California, Estados Unidos. EFE/EPA/ALLISON DINNER
La fiscalía general de California, liderada por Rob Bonta, advirtió que el despliegue viola la normativa que limita la intervención militar en asuntos civiles. Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch también han expresado preocupación por posibles abusos de derechos humanos.
¿Qué implicaciones tiene que California pida a la Corte frenar el despliegue de la Guardia Nacional?
Este conflicto tiene implicaciones más allá de California. Si el tribunal falla a favor del estado, podría establecer un precedente importante para limitar la autoridad federal sobre los estados, particularmente en situaciones donde no hay emergencia real.
Además, la militarización de áreas urbanas donde viven comunidades vulnerables —como las latinas e inmigrantes— genera un clima de temor e incertidumbre. Las redadas, junto con la presencia de fuerzas armadas, recuerdan a muchas familias las políticas migratorias más duras de años anteriores.
El reclamo legal presentado por California también señala que el presidente Trump está utilizando las tropas con fines políticos, en plena campaña electoral. El propio Newsom acusó a Trump de “poner al ejército contra los ciudadanos”, en un mensaje que generó reacciones a nivel nacional.
Por su parte, funcionarios federales justificaron la medida por un supuesto “riesgo de desorden generalizado” debido a las protestas. No obstante, informes de medios como The Guardian revelan que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, salvo por casos aislados de confrontación.
California pide a la Corte frenar el despliegue de la Guardia Nacional como defensa de su soberanía
El punto central del conflicto radica en el derecho de California a decidir sobre su seguridad interna. La administración estatal sostiene que no ha habido consulta ni coordinación previa con las autoridades locales, lo que convierte al despliegue en una imposición inconstitucional.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también rechazó la presencia militar, señalando que genera miedo en comunidades que ya enfrentan altos niveles de vigilancia y discriminación. Varios concejales de la ciudad advirtieron que esta acción federal podría deteriorar aún más la relación entre la policía y los residentes.
En paralelo, líderes comunitarios han convocado a nuevas protestas, pidiendo el fin de las redadas y la retirada de las tropas. Aunque el gobierno federal insiste en que las fuerzas armadas solo están apoyando en logística, organizaciones defensoras de derechos civiles temen que su presencia sirva para intimidar y reprimir.