California: Clienta defiende a migrantes de redada en autolavado
Una redada migratoria en el autolavado Bubble Bath Car Wash en Torrance, California, el 22 de junio de 2025, desató indignación tras la detención violenta de dos trabajadores, Hans Hernández y Alfredo Vásquez. La intervención de una clienta, Bertha Guzmán, y las críticas del propietario han reavivado el debate sobre las políticas de deportación de la administración del presidente Donald Trump y la falta de transparencia en operativos federales.
Redada en Torrance
Aproximadamente 20 agentes federales enmascarados irrumpieron en el autolavado sin identificarse, según testigos. Videos grabados por clientes muestran al propietario, empujado hacia el túnel de lavado, exigiendo credenciales mientras gritaba: “¡Parecen criminales!”. Hernández y Vásquez, empleados durante 15 años, fueron esposados y trasladados a un lugar desconocido. En 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 10,000 detenciones en California, un 30% más que en 2023, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Resistencia de una clienta
Bertha Guzmán, clienta presente durante la redada, confrontó a los agentes, cuestionando su autoridad. “No mostraron credenciales, lo cual es ilegal”, afirmó en Univision. Guzmán aconsejó a un trabajador no responder preguntas, defendiendo sus derechos. Su intervención se viralizó en X, donde #RedadaTorrance acumuló 12,000 publicaciones. La comunidad latina de Los Ángeles, con 4.8 millones de personas, aplaudió su valentía, mientras grupos como CHIRLA exigieron claridad sobre el operativo.
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Indignación del propietario
El dueño del autolavado, quien prefirió no revelar su nombre, calificó el trato a Hernández y Vásquez como “inhumano”. “Son trabajadores honestos, no criminales”, dijo a KTLA. Ambos empleados, de origen mexicano, carecen de antecedentes penales, según registros del Departamento de Policía de Torrance. En 2024, el 40% de los trabajadores de autolavados en California eran inmigrantes, según la Cámara de Comercio de Los Ángeles, destacando su aporte económico.
Desconocimiento del paradero
Familiares de los detenidos desconocen su ubicación y los motivos exactos de la detención. “Solo queremos saber si están bien”, dijo una sobrina de Vásquez. ICE no ha emitido un comunicado oficial, lo que aumenta la preocupación. En 2025, el 60% de los deportados en California fueron enviados a centros de detención fuera del estado, según el Migration Policy Institute. Organizaciones como la ACLU han denunciado la falta de notificación a familias, afectando a 200,000 personas en 2024.
Contexto de las políticas de Trump
La redada se enmarca en la política migratoria de Trump, quien en 2025 incrementó las deportaciones en un 25%, alcanzando 300,000 casos, según ICE. California, un estado santuario bajo la Ley SB 54, prohíbe a la policía local colaborar en operativos migratorios civiles. El Departamento de Policía de Torrance aclaró que no participó, pero la presencia de agentes federales ha generado críticas. En 2024, el 55% de los californianos desaprobaba las políticas migratorias de Trump, según una encuesta de UC Berkeley.
Debate sobre derechos civiles
El operativo ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de fuerza y la transparencia. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles exige que ICE publique los nombres de los agentes y los motivos de la redada. En 2023, California reportó 50 incidentes de detenciones migratorias sin identificación clara, según Human Rights Watch. Guzmán, de ascendencia mexicana, planea presentar una queja formal ante el DHS, respaldada por 1,000 firmas recolectadas en Torrance.
Reacciones comunitarias
La comunidad latina, que representa el 39% de la población de California, organiza una vigilia en Torrance el 28 de junio para exigir la liberación de Hernández y Vásquez. Líderes como el concejal de Los Ángeles, Kevin de León, condenaron la “intimidación” de ICE. En 2024, las redadas en negocios pequeños generaron pérdidas de $50 millones en California, según la Federación de Pequeñas Empresas. Mientras, los familiares piden apoyo legal, y abogados pro bono de la comunidad latina en EE.UU., con 37 millones de personas, ofrecen asistencia. El caso pone en el centro los derechos de los inmigrantes y el impacto de las políticas federales en comunidades locales.