Trabajadores agrícolas de California convocaron a una huelga del 16 al 18 de julio para exigir el cese de las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), generando 10.3 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, activistas como Flor Martínez Zaragoza y Michelle Xai buscan una reforma migratoria que regularice a trabajadores esenciales, tras la muerte de Jaime Alanís en una redada en Camarillo. En consecuencia, la “Huelga por la Dignidad” aspira a expandirse nacionalmente, aunque aún no cuenta con el respaldo de la Unión de Campesinos. Sin embargo, la administración de Trump, pese a promesas previas de pausar redadas, refuerza operativos con más presupuesto para ICE, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Huelga por la Dignidad: Un llamado a la acción
La huelga, anunciada el 14 de julio en Los Ángeles, busca emular las históricas protestas de César Chávez y Dolores Huerta en los años 60, según Martínez Zaragoza. Por su parte, los organizadores demandan el fin de las redadas y una legalización para los trabajadores agrícolas, de los cuales el 42% son indocumentados, según el Departamento de Agricultura (USDA). En consecuencia, la protesta pretende mostrar el poder de los trabajadores, con un 70% de ausentismo en campos tras recientes operativos, según Reuters. Además, la muerte de Alanís, quien cayó 9 metros huyendo de ICE, intensificó las tensiones, con su familia exigiendo justicia en un GoFundMe verificado.
Impacto de las redadas en la agricultura
Las redadas de ICE en Ventura y Santa Bárbara han reducido hasta un 70% la fuerza laboral en campos, dejando cultivos como fresas y lechugas sin cosechar, según el California Department of Food and Agriculture. Por lo tanto, California, que produce el 33% de las verduras y el 75% de las frutas y nueces del país, enfrenta pérdidas de 1,200 millones de dólares en 2025, según la Universidad de California, Davis. En consecuencia, los precios de alimentos podrían aumentar un 5-8%, según el Instituto Peterson. Sin embargo, algunos trabajadores regresan por necesidad económica, aunque evitan riesgos viajando con ciudadanos estadounidenses, según grupos comunitarios.
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Respuesta contradictoria de Trump
En junio, Trump prometió una pausa en las redadas agrícolas tras reportes de cosechas perdidas, según un comunicado en Truth Social. Por su parte, propuso un sistema para regularizar temporalmente a trabajadores agrícolas, permitiéndoles pagar impuestos sin ciudadanía, según un discurso en Florida. En consecuencia, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, aclaró que no habrá “amnistía” y que las deportaciones continuarán “estratégicamente” para no comprometer la cadena alimentaria. Sin embargo, la megaley fiscal de Trump, aprobada en mayo, recorta fondos de Medicaid y SNAP, destinando 2,000 millones adicionales a ICE, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Demandas de reforma migratoria
Los organizadores de la huelga exigen una reforma migratoria que otorgue estatus legal a los 1.2 millones de trabajadores agrícolas indocumentados en EE.UU., según el USDA. Por lo tanto, activistas como Xai destacan que los trabajadores han “ganado” esta oportunidad con su labor esencial, que genera 60,000 millones de dólares anuales en California. En consecuencia, propuestas como la Farm Workforce Modernization Act, que busca legalizar a trabajadores agrícolas, han resurgido en el Congreso, según la American Business Immigration Coalition. Además, la ACLU logró una orden judicial temporal el 11 de julio para frenar redadas en el sur de California, citando violaciones constitucionales.
Repercusiones en la comunidad
La muerte de Alanís, un trabajador de 58 años de Michoacán, desató protestas en Camarillo, donde agentes usaron gases lacrimógenos contra manifestantes, según el Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, la comunidad agrícola reporta miedo generalizado, con trabajadores evitando campos y enviando a niños ciudadanos a hacer compras, según la United Farm Workers. En consecuencia, el 65% de los trabajadores agrícolas en California planea emigrar si las redadas persisten, según UC Merced. Sin embargo, algunos empleadores están capacitando a sus trabajadores sobre sus derechos para resistir operativos sin órdenes judiciales, según Elizabeth Strater de UFW.