El gobierno de Donald Trump está intensificando sus esfuerzos migratorios, y las deportaciones a El Salvador han tomado un ritmo acelerado en vísperas de la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a la Casa Blanca, programada para el 14 de abril, según la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca. El 12 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a 10 presuntos criminales al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, una prisión de máxima seguridad conocida por su estricta política de detención. Esta acción, coordinada con el Departamento de Estado, refleja la creciente alianza entre EE.UU. y El Salvador para abordar la inmigración irregular, según un comunicado del secretario de Estado Marco Rubio.
La estrategia de deportaciones a El Salvador comenzó a tomar forma tras un acuerdo en febrero de 2025, cuando Bukele se comprometió a recibir a migrantes de cualquier nacionalidad, incluyendo venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua y miembros de MS-13, según la Oficina de la Presidencia de El Salvador. El DHS reportó que, desde marzo, más de 300 personas han sido trasladadas al CECOT, un complejo con capacidad para 40,000 internos que opera bajo condiciones estrictas, sin acceso a visitas ni recreación, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño. La Casa Blanca justificó estas medidas como una respuesta a la “amenaza de pandillas transnacionales”, citando el Acta de Enemigos Extranjeros de 1798.
No todos están de acuerdo con la política. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda el 10 de abril ante un tribunal federal en Washington D.C., argumentando que las deportaciones a El Salvador violan el debido proceso, ya que muchos no tienen oportunidad de apelar. “Es inaceptable enviar personas a prisiones extranjeras sin juicio”, afirmó un portavoz de la ACLU. La controversia se intensificó tras el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error desde Maryland en marzo, quien permanece en el CECOT pese a una orden de la Corte Suprema para su retorno, según el Departamento de Justicia.
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EE.UU. y El Salvador: Una alianza polémica
La reunión entre Trump y Bukele busca fortalecer esta colaboración, pero también ha generado críticas. La Oficina de la Presidencia de El Salvador destacó que el país recibe un pago de 6 millones de dólares anuales por albergar a los deportados, lo que Bukele describió como una “tarifa baja” para un “servicio de alta seguridad”. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación el 11 de abril, señalando que las condiciones en el CECOT podrían violar los derechos humanos, citando informes de hacinamiento y falta de atención médica. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también cuestionó la estrategia, afirmando que “envía un mensaje equivocado sobre justicia”, según su oficina.
Por otro lado, figuras como el senador Tom Cotton defendieron las deportaciones a El Salvador, argumentando que “mantienen a las comunidades estadounidenses seguras”, según un comunicado del Comité de Asuntos Judiciales del Senado. La Casa Blanca aseguró que todos los deportados son “criminales confirmados”, aunque no ha publicado detalles sobre sus casos. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó que el 80% de los enviados al CECOT son venezolanos, mientras que el resto incluye salvadoreños y otros centroamericanos.
Impacto regional
El impacto de las deportaciones a El Salvador se extiende más allá de las fronteras estadounidenses. En Los Ángeles, donde reside una gran comunidad salvadoreña, líderes comunitarios como CASA han organizado protestas, temiendo que las políticas de Trump afecten a familias con estatus mixto. “La incertidumbre está destruyendo nuestras comunidades”, dijo un representante de CASA el 12 de abril. En El Salvador, el gobierno de Bukele ha promovido la imagen del CECOT como un símbolo de su lucha contra el crimen, publicando videos de los deportados siendo trasladados con grilletes, según el Ministerio de Seguridad Pública.
Mientras Trump y Bukele se preparan para discutir más acuerdos, la Corte Suprema revisará el uso del Acta de Enemigos Extranjeros el 20 de abril, tras una apelación del DHS. La ACLU y otras organizaciones prometen continuar su lucha legal, argumentando que las deportaciones a El Salvador representan un retroceso en los derechos migratorios. Por ahora, las familias afectadas, tanto en EE.UU. como en El Salvador, esperan claridad en un debate que promete intensificarse.
