Una científica rusa que trabajaba en la Universidad de Harvard fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, al regresar de un viaje a Francia.
Kseniia Petrova, una investigadora médica de 34 años, fue arrestada después de que las autoridades revocaran su visa J-1, alegando que había violado regulaciones migratorias al transportar muestras biológicas no declaradas —embriones de rana— en su equipaje. Petrova, quien había protestado contra la invasión rusa a Ucrania en 2022, ahora enfrenta la posibilidad de ser deportada a Rusia, un país donde teme represalias por su activismo contra el gobierno de Vladimir Putin.
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El arresto ocurrió tras un registro de rutina por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que detectó las muestras en su maleta. Según un comunicado oficial del CBP, las muestras biológicas no estaban declaradas ni contaban con los permisos necesarios, lo que constituye una infracción a las leyes de importación. Sin embargo, el caso ha levantado sospechas entre defensores de derechos humanos, quienes creen que la detención podría estar relacionada con el historial de Petrova como crítica vocal de la guerra en Ucrania. Actualmente, la científica rusa permanece en un centro de detención migratoria en Luisiana, a la espera de una audiencia que determinará su futuro en Estados Unidos.
Petrova, quien llegó a Estados Unidos en 2020 para realizar investigaciones sobre enfermedades neurológicas en Harvard, había participado en protestas pacíficas en Rusia antes de huir del país. En marzo de 2022, tras el inicio de la invasión a Ucrania, fue arrestada brevemente en Moscú por manifestarse contra las acciones militares de Putin. Tras su liberación, solicitó asilo político en Estados Unidos, un proceso que aún está pendiente. Su abogado, Mark Belkin, afirmó que «la detención de Kseniia parece ser una represalia encubierta por su oposición al régimen ruso, y deportarla sería entregarla a un destino peligroso».
Científica rusa enfrenta un limbo migratorio
La situación de la científica rusa ha generado alarma entre colegas y activistas. Desde su centro de detención, Petrova ha comunicado a su equipo legal que teme por su vida si es enviada de vuelta a Rusia, donde las autoridades han intensificado la represión contra disidentes desde el inicio del conflicto en Ucrania. En 2024, el gobierno ruso condenó a más de 1,000 personas por cargos relacionados con protestas contra la guerra, según datos del Ministerio del Interior ruso, y Petrova podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión por sus acciones pasadas.
El ICE, por su parte, sostiene que el arresto no tiene motivaciones políticas. Un portavoz de la agencia declaró que «la detención se basa únicamente en una violación migratoria detectada en el puerto de entrada». Sin embargo, el momento del arresto coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, quien asumió el cargo en enero de 2025 y ha prometido deportaciones masivas. En lo que va del año, ICE ha incrementado las detenciones en un 15% en comparación con 2024, según estadísticas internas de la agencia.
Reacciones y apoyo
La Universidad de Harvard, donde Petrova realizaba estudios sobre el desarrollo neuronal utilizando modelos animales, emitió un comunicado expresando «profunda preocupación» por su detención. Aunque la institución no puede intervenir directamente en casos migratorios, un portavoz afirmó que están «colaborando con expertos legales para apoyar a nuestra colega». Sus compañeros en el laboratorio han iniciado una petición en línea que ya cuenta con más de 5,000 firmas, exigiendo que se le permita permanecer en Estados Unidos bajo protección humanitaria.
Mientras tanto, en Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha calificado el arresto como «una provocación estadounidense» y exigió la liberación inmediata de Petrova, argumentando que es una ciudadana rusa retenida injustamente. Sin embargo, activistas exiliados en Europa han advertido que este interés oficial podría ser una fachada para garantizar su extradición y posterior castigo. Por ahora, el caso de esta científica rusa sigue en desarrollo, con una audiencia migratoria programada para el 3 de abril en Nueva Orleans, donde un juez decidirá si permanece detenida o enfrenta la deportación a un país que abandonó por temor a la persecución.
