Estados Unidos pone en pausa las solicitudes de residencia para inmigrantes, una medida que afecta a miles de refugiados y asilados que buscan obtener la tarjeta verde o residencia permanente, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta semana.
La decisión, que entró en vigor el pasado 25 de marzo, responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige un proceso de vetting más riguroso para detectar posibles riesgos de seguridad nacional, fraude o amenazas públicas. La pausa, que no tiene una fecha definida de finalización, ha generado incertidumbre entre las comunidades de inmigrantes y críticas de organizaciones de derechos humanos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), encargado de procesar estas solicitudes, ha suspendido temporalmente las aplicaciones de ajuste de estatus presentadas por inmigrantes que ya han sido aprobados como refugiados o que han recibido asilo.
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Según un comunicado del DHS, la medida se alinea con la orden ejecutiva de Trump titulada «Proteger a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública», emitida en enero de 2025. Esta orden instruye a las agencias federales a «examinar y vetar al máximo grado posible a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos, ingresar o que ya estén dentro de Estados Unidos, especialmente aquellos provenientes de regiones o naciones con riesgos de seguridad identificados».
Impacto en Refugiados
La decisión de Estados Unidos afecta directamente a quienes ya han pasado por un exhaustivo proceso de selección para obtener su estatus de refugiado o asilado. Los refugiados, por ejemplo, deben completar un proceso de seguridad que incluye verificaciones de antecedentes, entrevistas y exámenes médicos, un trámite que puede tomar dos años o más antes de su ingreso al país. Una vez en Estados Unidos, tienen derecho a solicitar la residencia permanente después de un año, pero ahora enfrentan un nuevo obstáculo con esta suspensión.
El USCIS también ha indicado que planea recolectar datos adicionales de los perfiles de redes sociales de los solicitantes, una medida que ya se aplica a quienes solicitan visas desde el extranjero, pero que ahora se extenderá a quienes buscan asilo, residencia permanente o naturalización dentro del país. Esta política ha sido criticada por expertos en inmigración, quienes argumentan que los solicitantes ya enfrentan un proceso de vetting extremadamente riguroso. Según datos del Migration Policy Institute (MPI), el gasto en vetting de inmigrantes casi se triplicó entre 2016 y 2020, pasando de $53 millones a $149 millones, lo que refleja un enfoque cada vez más estricto en la seguridad.
Reacciones y Críticas
La medida de que Estados Unidos pone en pausa las solicitudes de residencia para inmigrantes ha generado una fuerte reacción entre organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. Azadeh Erfani, directora de política del National Immigrant Justice Center, calificó la pausa como un «acto de animadversión discriminatoria contra personas que buscan refugio». Erfani señaló que los solicitantes ya enfrentan tiempos de espera prolongados, con un promedio de 10 meses para aplicaciones de asilo y 8 meses para ajustes de estatus, y que esta suspensión solo prolongará aún más su incertidumbre.
Por su parte, el DHS defendió la decisión, argumentando que es necesaria para garantizar la seguridad nacional. Un portavoz del departamento afirmó: «Esta pausa temporal nos permite implementar procesos de vetting adicionales para identificar posibles riesgos, en línea con las prioridades del presidente Trump». Sin embargo, la falta de claridad sobre cuánto tiempo durará la suspensión ha dejado a miles de inmigrantes en un limbo legal, especialmente a aquellos que dependen de la residencia permanente para acceder a mejores oportunidades laborales y estabilidad en el país.
Contexto Político Actual
Trump ha revocado el estatus legal temporal de 530,000 inmigrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para expulsar a inmigrantes venezolanos, enviando a más de 200 hombres a prisiones en El Salvador por presunta afiliación a pandillas.
La pausa en las solicitudes de residencia también ha generado preocupación entre los inmigrantes indios, personas provenientes de India, que constituyen el mayor grupo de migrantes a nivel global, con más de 2.9 millones viviendo en Estados Unidos hasta 2023, según el Migration Policy Institute. Para muchos de ellos, esta medida podría significar retrasos aún mayores en un sistema que ya está saturado, afectando su capacidad para establecerse de manera permanente en el país. Mientras tanto, las comunidades de inmigrantes y sus defensores continúan exigiendo claridad y justicia en un panorama migratorio cada vez más restrictivo.
